Por Silvana Melo

El día en que Mónica Sterki entró a Comodoro Py supo que la Justicia tiene tantas espinas entre los paños de su vestido, que fue capaz de colocarla a ella ante un estrado donde Guillermo Marijuan la acusa y Ariel Lijo decide sobre sus días. El fiscal investiga desde 2013 un presunto lavado de dinero por el que acusa a Lázaro Báez y a la propia Cristina Fernández. Otras causas donde el lavado tocaría a empresarios sonantes están algo traspapeladas en los cajones de la espera del ministerio público que alguna vez estuvo dirigido por Gils Carbó. Sin embargo, tuvo  tiempo para imputar a Mónica Sterki por amenazas e intimidación pública. Es decir, por hacer morir de miedo a funcionarios importantísimos, con unos supuestos tuits de razonamiento lógico y profunda ironía.

El juez federal tenía en 2016 –cuando comenzó la investigación de los días de la docente y antropóloga- la denuncia de Nisman contra CFK, la causa Ciccone contra Amado Boudou y la investigación de la fundación SUMA, que preside Gabriela Michetti, después del robo de fondos a la vice. Sin embargo, tuvo tiempo como para adjudicar dos tuits a Sterki y acusarla de algo así como estar dispuesta a generar un levantamiento popular contra Mauricio Macri.

Mientras tanto, una buena noticia le apareció a Lijo cuando preparaba la confirmación del procesamiento de  Mónica Sterki: el Consejo de la Magistratura desestimó en agosto una investigación por enriquecimiento ilícito contra el juez  y su hermano. Se supone –sólo se supone, por supuesto- que la contrapartida puede ser enfriar la causa del Correo contra Mauricio Macri, también dentro de su juzgado.

La causa contra Mónica Sterki –antropóloga recibida en la facultad dependiente de la Universidad Nacional del Centro con sede en Olavarría- está caratulada como “amenaza e intimidación pública”. Y tiene una historia de más de dos años.

“Me acusan de haber escrito dos tuits que decían algo así como Macri dice que está bien matar a los ladrones entonces se puede matar a Macri, Aranguren y a todos los ladrones del Pro. Un razonamiento lógico. El otro cuando, en el contexto del Plan Qunitas, el juez  Bonadío manda a quemar los kits. El tuit dice si Bonadío quema las cunitas podemos quemar a Bonadío. Esto es una amenaza, Pato. Porque justo habían metido en cana a unos pibes que habían tuiteado con palabras en árabe y era una travesura de pibes. Todo el mundo en Twitter bromeaba con la persecución porque nadie creía que fuera tan grave como fue”,  relató a Surgentes.

La historia comienza  en mayo de  2017 cuando a Mónica Sterki le llega “una citación  del Juzgado Federal acusándome de las amenazas al Presidente, a Bonadío, a Bullrich, a Aranguren. Yo no me hago cargo de esos tuits, no firmo esa citación porque antes me había llegado una de AFIP diciendo que tenía que ir a arreglar el problema de una deuda y si no me iban a sacar el CUIT”. Sterki no tiene CUIT porque trabaja en relación de dependencia con  la facultad de Sociales de Olavarría. Para completar “cuando fui me dijeron que era una citación falsa”. Entonces “creí que esto también era falso”. Por desconfianza y sospechas de que algo extraño estaba sucediendo, no firmó nada.

“En ese momento yo estaba preparando un concurso para la facultad; entonces me llaman y me dicen que es de Recursos Humanos de  la universidad, porque querían saber si yo vivía en capital. Y caí como una chorlita porque yo tengo domicilio acá desde hace años pero me agarraron distraída estudiando. Me fueron tendiendo trampas”. La averiguación  de los domicilios con llamados de este tenor fue una herramienta utilizada por la dictadura para amedrentar judicialmente a los dirigentes de los centros de estudiantes. Poco parece haber cambiado en las metodologías de la justicia federal 35 años después.

“Entonces me di cuenta de que me habían pinchado el teléfono, de que me estaban persiguiendo, de que no era ninguna broma”. Por lo tanto, buscó un  abogado. Durante el viaje a  Olavarría cuando fue a concursar “tiraron la puerta a patadas en casa, donde  estaba mi pareja; me andaban buscando porque tenía que presentarme en Comodoro Py y yo no tenía ni idea. Me comuniqué con mi abogado y sí, existía la denuncia, era real y si no me presentaba me iban a venir a buscar por la fuerza”.

Viajó con urgencia a capital, se presentó en Comodoro Py y le notificaron la denuncia en el fuero federal por “estos tuits que ellos no pueden demostrar que escribí yo”. Los pasos de la investigación producen escozor. “Me sacaron fotos en la puerta de mi casa, a través de  un policía encubierto, me investigaron en Olavarría en un domicilio que yo tenía hace muchos años, en la facultad, investigaron a todos mis vecinos y lo hicieron a partir de la ley antiterrorista que se votó durante el kirchnerismo”.  Un  frío le corrió por la espalda  cuando se dio  cuenta “de que me venían investigando desde 2016 y yo no tenía ni idea”. Entonces cayó en la cuenta  de que “había sido objeto de una investigación encubierta y ahí empezó mi persecución personal porque estos tipos sabían todo de mi vida, si debo o no debo plata, si tengo tarjeta de crédito, si está la jubilación al día…”

La sensación vejatoria de  una investigación exhaustiva sin razones y mientras ella vivía una vida normal y desprevenida, apareció brutalmente  cuando constató que “en los archivos legales está toda mi vida y la de mis vecinos. Yo vivo en un edificio de seis pisos, un departamento por piso, así que somos pocos y nos investigaron a todos”.

A esta altura, con la calma de lo inexorable, la docente universitaria puede darse el permiso de ironizar. “No sé si pensaron que yo tenía en mi casa una célula terrorista, no sé”. En la cédula de notificación, en el fárrago de las argumentaciones para el procesamiento, queda en claro que “yo puedo generar un levantamiento contra Macri. Como si fuera Rosa Luxemburgo. Dan vergüenza ajena”. Pero el recorrido “fue muy duro. Yo vivía tranquila y empecé a estar muy perseguida, sentís que alguien te está vigilando y no sabés quién. Ahí empezó la pesadilla”.

La antropóloga es consciente de que su criminalización no tiene que ver con dos tuits que le atribuyen. “Lo que este gobierno está haciendo es una pedagogía de la crueldad hacia todos aquellos que somos sensibles con las penurias que pasa el conjunto del pueblo. Un tuit es la excusa de este gobierno conservador y totalitario para acallar voces disidentes”, asegura. “Y yo soy disidente en todos los sentidos: soy lesbiana, soy feminista, soy antropóloga, soy docente universitaria, soy marxista; si bien he apoyado las políticas del kirchnerismo yo tengo una base marxista en mi formación, no sólo académica sino política”.

Preguntarse por qué Mónica Sterki, no tiene para ella una respuesta sencilla. La Justicia Federal ha puesto en funcionamiento toda su maquinaria para investigar bromas e ironías en las redes sociales, una supuesta amenaza por whatsapp de un adolescente más emparentada a la violencia de género que a un riesgo para el inefable Esteban Bullrich y la peligrosidad antojadiza de una docente y antropóloga a quien eligieron para disciplinar. “Yo creo que ellos recortan un universo de lo que no les gusta. Yo no soy dirigente política, soy kirchnerista pero de la última fila, no soy militante orgánica porque no me disciplino ni me ato a consignas ni a estructuras verticalistas que me digan lo que puedo hacer y lo que no. Creo que encontraron la forma de hacer callar a las voces disidentes y en el marco de una sociedad que aplaude lo que sea disciplinador para llevar adelante un proyecto que deja fuera a las mayorías”.

Desde lo legal, “no importa si fui yo o no la que escribió esos tuits porque ellos les pidieron a Twitter y a Facebook que les dieran la IP de quien está detrás de ese nombre y ambos les negaron esa información porque no consideraban que hubiera una amenaza”. Es decir: “ellos no tienen que demostrar que yo soy culpable, yo tengo que demostrar que soy inocente”.

A Mónica  Sterki la imputaron, la procesaron, apeló por escrito, le respondieron y tuvo la posibilidad  de apelar  oralmente. Se sentó frente al  juez  Irurzun en Comodoro Py. Y les dijo  que creía en la Justicia. “Obviamente no en el sistema judicial”. Hace veinte días se confirmó el procesamiento. Y está en camino del juicio oral y público.

Mientras tanto, la  preocupa “la pedagogía de la crueldad ejercida por este gobierno” y “cómo se naturalizan políticas de exterminio y de ajuste, de represión salvaje”. Sterki dice no pensar nunca “en términos personales”. Porque “las salidas son colectivas y dentro de esta concepción si no fortalecemos las luchas, el camino que aparece es  el Brasil de Bolsonaro”.

Por eso “no me voy a callar la boca. Cuando te pisan la cabeza, me resisto a los gritos. Levanto la voz. De rodillas no me van a poner”. La esperanza, más allá de su causa y de la máquina judicial depositando  un  dedo acusador sobre su cabeza, es  potente y colectiva: “podrán procesar a cien, pero no van a poder criminalizar a toda la sociedad”.