Por Silvana Melo

Entre Ríos, la provincia más fumigada del planeta, espió por la mirilla y se encontró con una Justicia. La provincia que expone soja transgénica en el 68% de su territorio cultivable, la que en marzo vio intoxicarse a 800 chicos de las escuelas rurales, se topó con la resolución de la Cámara Civil II que ordenó que se  podría fumigar en  tierra a no menos de  mil metros  de las  escuelas y a  a  más de  tres mil si el veneno se arrojaba  desde un avión. Inmediatamente el aparato del estado se  puso  en marcha para apelar la ocurrencia de  un engranaje díscolo. En los mismos días, Olavarría, una ciudad del centro bonaerense, fumiga con glifosato a metros de la gente, para limpiar de maleza la costa del arroyo Tapalqué. Con una ordenanza vetusta para los tiempos del fervor del agronegocio y el agroveneno, se quitan yuyos con glifosato. Que es como matar un gorrión con una ametralladora.

La Cámara Civil II de Entre Ríos, Sala Segunda, a cargo del juez Oscar Daniel Benedetto, ordenó el cese de “fumigaciones terrestres con agrotóxicos en un radio de mil metros (1.000 mts) alrededor de todas las escuelas rurales de la Provincia de Entre Ríos, y la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de tres mil metros (3.000 mts) alrededor de dichos establecimientos educativos”. Y agregó una línea determinante: “existiendo niños involucrados en el conflicto, rige el principio rector de su interés superior”. El fallo tiene que ver con el Amparo Ambiental de las Escuelas Rurales presentado por el sindicato docente AGMER y el Foro Ecologista de Paraná, ante el peligro que viven los niños de los campos enterrianos por vivir, respirar, estudiar, jugar y crecer encima de los sembrados transgénicos. El mismo veneno asociado a  un sistema productivo feroz, que convirtió en leyenda a Fabián Tomasi, ahora rescatado por Sergio Urribarri -el ex gobernador bajo cuyo mandato se envenenó fatalmente- uno de los grandes productores sojeros de la provincia. El cinismo suele tener mil máscaras en los pasillos del poder.

Desde que en 1996 Felipe Solá (entonces secretario de Agricultura , Ganadería y Pesca de Carlos Menem) le  puso la firma a la entrada de la transgénesis en la Argentina y al uso indiscriminado y criminal de millones de litros de herbicidas e insecticidas, el país cuenta 150 millones de hectáreas cultivadas con semillas genéticamente modificadas. Que necesitan del uso de 380 millones de litros de glifosato. “Estos venenos se aplican en zonas en las que vive un total de 12 millones de personas. Esto implica más de 30 litros de agrotóxicos por persona y por año”.

El cáncer, las malformaciones, los abortos espontáneos y las secuelas neurológicas irreversibles no dejan margen de discusión posible. Sin embargo, la sentencia fue apelada de inmediato “por el Secretario de Producción de la Provincia de Entre Ríos, Álvaro Gabas, y fue materializada por el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, quien recurrió el fallo ante la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ)”.

Todo el aparato político y estatal puesto en marcha  para neutralizar a un pobre tornillo en disidencia.

Es que una Justicia –que no es la justicia– tocó las venas del  modelo productivo. Y el poder político se paró del lado en el que se ha parado en los últimos 22 años: junto al modelo del  agronegocio, junto a los pooles de siembra, junto a los  monocultivadores, a las multinacionales de las semillas y sus venenos, a los superproductores, para quienes la rentabilidad supera cualquier frontera de la vida. En realidad, como  hace ya décadas, el poder político respondió a sus  propias patronales. A cuyas paritarias las abonan religiosamente los niños y otras zonas en descarte.

Al Gobernador y su cohorte les preocupa la rentabilidad de los productores y –más solapadamente- de las superempresas que comercializan fitosanitarios, esa colonización del lenguaje que impide una sustantivación real y lapidaria: venenos. Por ende, no le interesan los niños. Porque ambos intereses no cohabitan. Se repelen. No entran el agua ni el aire ni la tierra madre en esas fojas. No cabe la vida en esos expedientes.

Glifosato y cemento

Olavarría, la ciudad  cementera y carcelaria del centro de la provincia de Buenos Aires, vio expandirse su frontera agrícola en los  últimos veinte años y la soja extendió su reinado a cerca  del 60% de su superficie cultivada. Una ordenanza de 2014 traza la línea hasta donde pueden llegar las fumigaciones, a cien metros de los sectores poblados. Y si son aéreas, a 500 metros.

En tiempos en que se utiliza furadán para matar perros y cóndores, las barrancas del arroyo Tapalqué –que atraviesa la ciudad- aparecieron con pasto ralo, amarillo y seco. “No sólo estaba muerta la hierba sino también su raíz, lo que me hizo  pensar que era un herbicida”, aclaró una concejal opositora. La compra de 60 litros de glifosato por parte del gobierno municipal profundizó las dudas y las certezas: una utilización del herbicida que la OMS considera potencialmente cancerígeno para fumigar yuyos a metros de la  gente. En  pleno centro de la ciudad. Un veneno que se vuelca en las aguas del arroyo y cuya deriva viaja alegremente hacia los patios, las calles y las escuelas.

Y una práctica que vulnera una ordenanza, aun endeble como  la  que regula las fumigaciones en Olavarría.

Zona de  peligro

Las escuelas rurales, los patios, las quintas, los aires libres, se han vuelto zona de  peligro para los  niños. Se fumigan las escuelas de Entre Ríos  y se apela desde el poder un  fallo ejemplar de una Justicia que decidió  no acatar. Se fumigan los parques donde juegan los chicos y los adolescentes se juntan a festejar la primavera y la vida en Olavarría. Se fumiga  en las tomateras de Lavalle, donde los niños se mueren; en Marcos Juárez donde  los  chicos ya exhiben daños  genéticos. Se fumiga  en Canals, donde el cáncer  se disparó como  se había disparado en San Salvador. Se fumiga sobre  la gente, sobre los pájaros, sobre los  perros, sobre los niños. Se fumiga para terminar con todo aquello que resista al  modelo, todo  aquello  que se comporte como la maleza, asomando entre la sacralidad de los sembrados, para romper esa simetría.

Hace poco más de un año, un grupo de biólogas averiguó en la sangre de madres y niños de la zona frutícola del Alto Valle del Río Negro que los plaguicidas tienen impacto en los bebés nacidos de madres que, durante el tercer trimestre de su embarazo, estuvieron expuestas a las fumigaciones. Natalia Guiñazú, María Gabriela Rovedatti, María Martha Quintana, Berta Vera y Gladis Magnarelli (investigadoras de la UBA y Universidad del Comahue), ratificaron que el modo de producción del Alto Valle necesita de la pulverización de cientos de toneladas anuales de agrotóxicos. Que determinan huellas imprevisibles en el nacimiento y el desarrollo futuro de los niños.

Los cánceres y abortos espontáneos que superan largamente la media oficial en un pueblo rural como Canals (Córdoba) –en un estudio pedido especialmente por los vecinos- mantienen la piel  erizada en gente que, como  hace unos días, ve, siente, huele  que le fumigan el pavimento de la calle, encima de su fragilidad. “Ahí andan una decena de mujeres, madres de familia, comerciantes, amigas de todo el pueblo, correteando detrás de sujetos poderosos con sus máquinas, buscando pruebas, olores, marcas, de día, de noche”, dicen los Vecinos Autoconvocados. Y lo hacen, lamentan, con la pasividad del resto, que respira sin la conciencia de que la muerte acecha a la vuelta de las esquinas.

En el camino, quijotes como  Fabián Tomasi, a quien el dolor  y la muerte volvieron leyenda (como lo define Patricio Eleisegui), Julio Ariza, que supo echar a escopetazos a un  tractor fumigador, Laureano, el pibe de Entre Ríos  que  sale a caballo cuando llega la deriva y ataca a hondazos el avión. Todos  ellos son  emergentes individuales de una lucha que debe ser colectiva: acaso lo  más parecido sea el trabajo del Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) para llegar a un fallo  judicial que emociona. Pero  la reacción de la prepotencia  estatal será  tan desigual que difícilmente esa  pequeña victoria sobreviva.

Sin embargo, habrá que tejer redes entre provincias, entre organizaciones, desde la cabeza a los pies  de una patria ocasional que vuelve a tener fronteras feroces. Sojuzgada por un poder que no sólo envenena, sino  que divide.