Por Claudia Rafael

Exactamente la mitad de los policías en funciones en San Miguel del Monte estuvo comprometida, de una u otra manera, en la muerte criminal de Camila López, Danilo Sansone, Gonzalo Domínguez y Aníbal Suárez y en las heridas gravísimas de Rocío Guagliarello. Menos Aníbal Suárez, que tenía 22 años, el resto de los chicos son/eran de 13 y 14. Ni siquiera habían traspasado las fronteras de la infancia.

No importa el número de la cantidad de efectivos desplazados o de los ahora detenidos en sí mismo. Porque hay un hecho revelador y al que los medios no han prestado atención. Y es que –cuando se ingresa en debates sobre si es la institución o un grupete de manzanas podridas dentro del cajón- se está perdiendo de vista el porcentaje que representan en la totalidad de la fuerza destinada a Monte. La mitad. El 50 por ciento. Dato sustancial a la hora de medir la responsabilidad del entramado institucional. Porque 15 de 30 estuvieron ligados al momento de disparar, ejecutar, cubrir los hechos con posterioridad, buscar acallar testigos, falsear actas o dejarlas incompletas, en una larga lista de irregularidades que no cesan.

La intendenta Sandra Mayol, como suelen hacer la totalidad de los jefes comunales, reivindica la necesidad de que los efectivos que se destinen a su pueblo sean nacidos y criados. En una perspectiva errónea en la que caen, inclusive, analistas de gran prestigio. Porque es imposible perder de vista un aspecto medular. Los nacidos y criados, antes de regresar a su pueblo –si es que regresan y no son destinados a otros sitios- fueron reformateados por una institución perversa, hecha a imagen y semejanza de un estado que no es otra cosa que el pacto social de una clase por sobre otra. Con todos los aditamentos extra que se van arrogando a lo largo de ejercicio de la función. Y quien quiera sacar los pies del plato, sabrá velozmente a qué consecuencias se enfrentará.

Hay botones (perdón por el vocablo que podría ser malinterpretado tratándose de la policía) que sirven de muestra ampliamente. Y no sólo dentro de la Bonaerense. Un ejemplito nada menor que viene al caso: un joven que, por historia familiar y destino marcado, ingresado hace algunos años al Servicio Penitenciario Bonaerense sentía que el deber ser era ante todo su meta en la vida. Sus compañeros de guardia le recordaron que debía firmar más horas extras de las que se hacían porque no había otro modo de llenar el bolsillo merecidamente. La respuesta fue: “¿pero cómo?. Si yo hice dos, ¿por qué voy a pasar cuatro o cinco horas?”. Sus pares fueron claros. Se inició una persecución psicológica que derivó en una larga licencia psiquiátrica porque pertenecer implica aceptar pautas. Y romper con las lógicas securitarias -que no sólo significan pegar, torturar, mirar para otro lado, asesinar y meter los dedos en la lata- no es una opción para quien ingresa en la fuerza policial más numerosa de todo el país.

Lo que pasó en Monte no es un hecho casual. El pequeño pueblo de 24.000 habitantes llega a los 30.000 en algunos fines de semana e, incluso, a los 35.000 en feriados largos por efectos del turismo en la laguna, se despertó de la siesta de un modo brutal. Y ahora se empieza a hacer preguntas que sólo puede responder el poder político. Porque la policía no es otra cosa que el brazo ejecutor desde la fuerza del estado.

“Les va a caer todo el peso de la ley”, “vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, son eslóganes de ocasión que, en este caso, se escucharon en la voz de Cristian Ritondo, el par provincial de Patricia Bullrich. Que parece tener en común con la ministra de Seguridad de la Nación el hábito de saltar de espacios políticos. Nació como puntero del menemismo en un barrio porteño. De la mano de la gestión de Carlos Grosso, fue secretario de Juventud de su gobierno en capital. De la de Miguel Angel Toma, llegó a la Side y, más tarde, viceministro del interior de Eduardo Duhalde. Ya en el PRO, se transformó en la pata peronista del gobierno de María Eugenia Vidal. En lo que sí se mantuvo firme es en su ligazón con el fútbol. Tanto con Independiente como con Nueva Chicago. Y como nada es casual, según se lee en el diario La Nación del 5 de enero de 2016, “nombró jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad bonaerense a Marcelo Rocchetti, un reconocido abogado penalista que defendió en una causa a Rafael Di Zeo, el líder de la barra de Boca”. En la misma nota, firmada por Nicolás Balinotti, se recuerda que “Ritondo ya le había confiado a Rocchetti otro rol jerárquico: fue jefe de seguridad de la Legislatura porteña cuando el ministro estaba a cargo del cuerpo legislativo, donde en su numerosa plantilla también figurarían conocidos barras”.

Con ese curriculum vitae político, Ritondo fue el que –junto al procurador Julio Conte Grand- tomó las riendas de los anuncios relacionados con la masacre de Monte en una historia que no encontró la más mínima señal de María Eugenia Vidal. En un hecho no casual tampoco. Pocas veces a lo largo de la historia, los máximos mandatarios han asumido un rol activo en masacres o tragedias que, sin tenerlos como culpables, sí los han encontrado como responsables políticos.

Y, en este caso, si bien la Bonaerense no es creación de Vidal lo que es claro y contundente es que, al igual que la mayor parte de sus antecesores, no movió un solo dedo para modificar el rumbo de una institución signada por la violencia estructural y la falta de profesionalismo. Algo así como que, para Mariú, Monte no existió ni fue parte de su agenda.

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Juan Gelman, en una frase tatuada en una de las paredes de la ex ESMA decía que “no se puede dejar descansar la memoria, no se puede uno arrellanar en la comodidad del olvido porque el hombre ¿es memoria o qué?”. Entonces, si no se puede dejar descansar la memoria, hay que repetir como mantras interminables los nombres que hacen a la historia misma de la Bonaerense. En una historia que no es nueva.

El 28 de noviembre de 1876, el diario La Pampa, bajo el título de “La peor policía del mundo” no sólo dudaba de “la honestidad y la idoneidad del jefe policial sino que se ponían en tela de juicio las relaciones que los subalternos mantenían con los centros de corrupción, los garitos, los criminales de alta escuela, los ladrones de toda laya, los estafadores y hasta los pervertidos que habían llegado al último grado del crimen” (Ver capítulo 2 de “Tmeiim: los judíos impuros. Historia de la Zwi Migdal”, de José Luis Scarsi). Y –seguía el artículo- la función de la policía estaba destinada a “ejercer la venganza política, preparar revoluciones, perseguir a la gente honrada y tranquila, a los ebrios, los locos y los infelices”.

Una patineta quebrada. El dolor intacto. Foto: Adrián Escandar

143 años más tarde el informe anual de la Correpi da cuenta de que la represión estatal es responsable de la muerte de una persona cada 21 horas. Y que, el 51% de los hechos ocurrió en el territorio bonaerense.

Los listados son aleatorios porque siempre hay nombres que quedan tatuados de un modo diferente a otros. Por razones de empatías varias. De todos modos, algunos de los emblemas de la perversidad policial permiten un hilo conductor a lo largo de los últimos años:

Agustín Ramírez, en 1988 fue asesinado en el contexto de una toma de tierras y, antes, había denunciado a integrantes de la bonaerense; Andrés Núñez, albañil desaparecido, torturado y asesinado por la Bonaerense en 1990; Miguel Brú, estudiante de periodismo desaparecido y asesinado por la policía provincial en 1993; Cristian Pérez, atropellado extrañamente por un tren en 2002, tras ser detenido por la policía; dos años después, se produjo en la comisaría de Quilmes una masacre policial en la que murieron cuatro chicos de 16 y 17 años. En 2008, fue torturado y asesinado por policías Gastón Duffau en La Matanza y, al año siguiente, en la misma ciudad del conurbano Luciano Arruga fue desaparecido, torturado y luego empujado a correr descalzo por la General Paz por policías de Lomas del Mirador hasta su muerte. Simplemente se había plantado desde la dignidad de decir no a la Bonaerense para robar para sus filas.

En ese mismo año, una familia de apellido Pomar (el matrimonio y las nenas de 3 y 6 años) murieron en un accidente y la policía expuso su desaprensión, su ineficacia y su serie de manipulaciones para encubrir las falencias.

El secuestro y muerte de Candela Sol Rodríguez, en 2011, en el partido de San Martín, dejó al desnudo el entramado entre narcos y policías en una historia que nunca terminó de salir de la impunidad. Y en ese mismo 2011, la masacre de la Cárcova (José León Suárez) en la que la policía asesinó a Franco Almirón y Mauricio Ramos, dos adolescentes de 16 y 17 años.

En los últimos dos años, hubo dos masacres en comisarías con la muerte de 17 personas entre la de Pergamino, en 2017 y la de Esteban Echeverría, en 2018.

Pibes anclados en la impotencia. Foto: Adrián Escandar

Y ahora, la de San Miguel del Monte. Que genera una angustia, tristeza y rabia generalizadas por un aditamento que tiene que ver con las empatías. En este caso, se trató de tres chicos de 13 y 14 años y un joven de 22 más la nena de 13 que sigue batallando por su vida en el hospital El Cruce de Florencio Varela. Que no pertenecían a sectores sociales marginados (lo que suele incrementar la poca aflicción) y simplemente iban cantando y riendo a bordo de un Fiat 147. Y a los que la policía persiguió con saña y lanzando una serie de balazos con sus armas reglamentarias y queriendo hacer creer que se trataba de una linterna destinada a iluminar una patente.

Monte obliga a lanzar a la sociedad una vez más el histórico interrogante: ¿es un policía, dos, diez, quince o toda una institución? La mitad de los efectivos fueron desafectados de la fuerza. Hay ocho que están detenidos. ¿Cómo es posible que el 50 por ciento tenga algún grado de involucramiento? Desde el rol que sea. Porque unos y otros están salpicados por la sangre de cinco chicos de los cuales una todavía pelea por sobrevivir. Y que quizás sea la única pieza que pueda desentrañar la parte de la historia que se desconoce.

Vidal y el poder político en su conjunto se está cuidando de que siquiera una sola gota de esa sangre los salpique. Nadie puede imaginar siquiera que Mariú ordenó disparar. Pero lo que sí es real es que la única vez a lo largo de la historia en que se intentó un giro de timón en los rumbos de la bonaerense lo hizo Luis Brunati en la primera democracia posdictadura. “Tenemos unos obsequios para usted, una Itaka, un ovejero alemán adiestrado, porque usted va a necesitar seguridad. Y le ofrecemos un aporte mensual, porque usted sabe que los recursos en política son necesarios”. Más un sobre que pasaron por debajo de la mesa y al que Brunati se negó. Su ministerio fue fugaz. Ya se sabe. Los que siguieron a lo largo de los años aprendieron muy bien la lección.